Lo que no sabías de la brutal represión del régimen contra sus propios militares

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Militares junto a Nicolás Maduro, foto referencial.

Nicolás Maduro cuenta con el apoyo del Alto Mando Militar, pero diversas fuentes denuncian que ha usado el aparato represivo de su régimen en contra de las fuerzas de seguridad para evitar una posible rebelión que lo saque del poder.

Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta, falleció el pasado 29 de junio. Lo llevaron a los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras ser acusado de planear un golpe de Estado. Cuando fue presentado en los tribunales militares, no podía siquiera mantenerse en pie. La información fue reseñada en un reportaje del diario The New York Times.

«Auxilio» le pidió Acosta Arévalo a su abogado. Estaba en una silla de ruedas y mostraba signos evidentes de tortura. Ese día falleció.

Fue sepultado el 10 de julio. Tres semanas después de fallecer. Según el informe de su autopsia, que se filtró, puesto que las autoridades del régimen no la mostraron, Acosta sufrió un traumatismo por fuerza contundente y electrocución.

Su muerte evidencia que el régimen chavista usa un brutal aparato de represión contra sus propios militares. Este esfuerzo para poder mantener el control de las fuerzas armadas y, mediante ellas, al Estado.

Reiteradamente los principales líderes militares le han declarado su lealtad a Maduro. Pero en los últimos dos años, la mayoría de los venezolanos han sufrido una severa escasez de alimentos y medicinas, Además, las fuerzas de seguridad han ejecutado al menos cinco operaciones para derrocar o asesinar al líder chavista.

“El abuso contra los oficiales ha crecido porque representan una amenaza real para el gobierno de Maduro”, dijo el general Manuel Cristopher Figuera, exdirector de Inteligencia de Venezuela, quien desertó en abril y habló desde Estados Unidos.

Más de 250 oficiales tras las mazmorras del régimen

Actualmente hay 217 oficiales que se encuentran detenidos en las cárceles venezolanas, incluyendo a doce generales. Esta información la reseñó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, ONG sin fines de lucro, con sede en Caracas.

Esta ONG documentó más de 250 casos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas contra militares.

“Mientras más débiles son, más fuerte es la tortura contra la gente que consideran como amenazas”, dijo Ana Leonor Acosta, abogada de la coalición.

Incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, divulgó las torturas que sufren los detenidos en los calabozos del régimen. En el informe detalló que el Estado aplica «corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, palizas, violencias sexuales, posturas forzadas, privación de comida y agua y exposición a temperaturas extremas».

“El hambre llegó a los cuarteles y se infectaron con disidencia”, dijo Acosta, la abogada. “Las fuerzas armadas están llenas de paranoia, desconfianza, y de la división entre los que apoyan a este gobierno y los que no”.

Walewska Pérez, esposa del capitán Acosta Arévalo, detalló que lo que pasó con su esposo «viene pasando de hace mucho tiempo». Además, que en los cuarteles «hay mucho temor, porque son capaces de hacer cualquier cosa».

Juan Carlos Caguaripano, un capitán de la Guardia Nacional que en 2017 dirigió un asalto fallido en una base militar, sufrió lesiones en los testículos debido a los golpes que recibió en la cárcel.

Óscar Pérez, un oficial de policía que dirigió una pequeña unidad antigubernamental, recibió al menos quince disparos a quemarropa en enero de 2018,  tras haber dicho en repetidas oportunidades que se iba a rendir, en mitad de un tiroteo que transmitió en vivo por Twitter e Instagram.

Carmen Acosta, prima del capitán Acosta Arévalo, dijo que decidió hablar con la prensa después de varias semanas de angustia.

“Si nos quedamos callados, ellos ganan”, dijo, conteniendo las lágrimas. “Eso es lo que quieren: hacer que todos vivamos con miedo”.

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